El 4 de diciembre de 2008, el poder Ejecutivo de Bolivia prohibió por medio del decreto 29.836 la internación de vehículos usados con antigüedad mayor a cinco años, así como de motorizados livianos que funcionen a diesel y de automóviles que utilicen gas licuado de petróleo.

La medida afectó directamente a los importadores de automóviles que operan con derechos francos en Zofri, cuyo principal mercado es justamente Bolivia y que lidera las compras con un 70% las adquisiciones de automóviles.

Rubén Véliz, presidente de los importadores de autos usados de Zona Franca, declaró al diario La Estrella de Iquique el 19 de diciembre que la mitad de las 130 empresas del rubro deberán cerrar porque no es rentable importar autos del año 2004.

"El impacto en la cesantía será muy alto y las empresas que trabajan con grandes volúmenes de autos japoneses no podrán competir y tendrán que irse. A ello se suma la natural muerte de los talleres dedicados al cambio de los volantes del lado derecho al izquierdo".

A principios de enero de 2009 la preocupación cundía en el mercado automotriz establecido en Zona Franca: la baja en las ventas había llegado a un 90% y estimaban que un 50% de empresas desaparecerían en el corto plazo de no mediar un cambio drástico en la existencia del decreto. A sí mismo, empresarios pakistaníes dedicados a la venta de automóviles usados en Zona Franca no descartaban rematar 40 mil vehículos. La importadora y exportadora Colombo, de propiedad del empresario paquistaní Zafarad Saed, dispuso a fines de enero de 2009 de un lienzo en el frontis de su local donde se daba a entender que los automóviles usados serían rematados.

Ante este escenario el senador Jaime Orpis presentó a la Comisión de Hacienda un proyecto para realizar una modificación administrativa que permitiese comercializar dentro del país -de forma excepcional y por un tiempo determinado- los automóviles usados que no pudieron ingresarse a Bolivia. Pero la iniciativa fue rechazada por constituir una violación del estatuto automotriz y a los tratados de libre comercio que ha firmado Chile.

Así, sin una solución concreta, hoy  los autos están apilados en el recinto extraportuario de la Empresa Portuaria de Iquique.

¿Se abre una ventana?
A comienzos de febrero la Corte Superior del Distrito de La Paz acogió un recurso de amparo interpuesto por importadores de autos de ese país contra el Decreto Supremo 29.836.

La resolución judicial, que el gobierno de Evo Morales impugna, autoriza el ingreso de cerca de 2 mil autos comprados en Iquique, de un total de 30 mil impedidos de ingresar a Bolivia. Autoriza el ingreso a ese país de vehículos importados en regla hasta el 14 de diciembre, ampliando en 10 días la fecha límite fijada por el Ejecutivo, que coincide con la de publicación del D.S.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, anunció el 6 de febrero que el Ejecutivo "iniciará una demanda por prevaricación contra el juez, porque el fallo no se ajusta a derecho", y aseguró que la resolución "no obliga al gobierno", según consignó la agencia AP.